/ martes 10 de octubre de 2017

CNDH pide se conmute pena de muerte para mexicano en Texas

“La pena de muerte es una medida que no garantiza la impartición de justicia"

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de ese estado, se conmute la pena capital decretada contra el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el próximo 8 de noviembre, por otra sentencia de prisión.

El organismo defensor, expresa su rechazo absoluto a la pena de muerte, ya que no es factor de contención real de la delincuencia ni la solución a los problemas de inseguridad pública, pues su aplicación no garantiza la impartición de justicia.

 

La petición del ombusman nacional se da en el marco del Día Mundial contra la Pena de Muerte –10 de octubre—en donde solicita a las autoridades del Estado de Texas, tener presentes los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho a la vida y que nadie será sometido a torturas, ni penas crueles, inhumanas o degradantes.

En este sentido, recalca que no se opone a la imposición de penas, sino se pronuncia porque dichas acciones se realicen dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, al cual nuestro sistema jurídico se acoge.

“El derecho a la vida representa el bien supremo del ser humano, por lo cual afirma categóricamente que la pena de muerte es una medida que no garantiza la impartición de justicia, al tiempo que subraya su compromiso de continuar con los esfuerzos que protejan los derechos fundamentales de los mexicanos en el extranjero”, señala la CNDH.

Advierte que de acuerdo con Amnistía Internacional, 140 países miembros de Naciones Unidas son abolicionistas de esa pena, de los cuales 98 la han anulado totalmente, como nuestro país; 7 sólo para delitos comunes y 35 sólo en la práctica, ya que no la ejecutan, no la practican y no la imponen, pero no la han abrogado.

/amg

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de ese estado, se conmute la pena capital decretada contra el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el próximo 8 de noviembre, por otra sentencia de prisión.

El organismo defensor, expresa su rechazo absoluto a la pena de muerte, ya que no es factor de contención real de la delincuencia ni la solución a los problemas de inseguridad pública, pues su aplicación no garantiza la impartición de justicia.

 

La petición del ombusman nacional se da en el marco del Día Mundial contra la Pena de Muerte –10 de octubre—en donde solicita a las autoridades del Estado de Texas, tener presentes los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho a la vida y que nadie será sometido a torturas, ni penas crueles, inhumanas o degradantes.

En este sentido, recalca que no se opone a la imposición de penas, sino se pronuncia porque dichas acciones se realicen dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, al cual nuestro sistema jurídico se acoge.

“El derecho a la vida representa el bien supremo del ser humano, por lo cual afirma categóricamente que la pena de muerte es una medida que no garantiza la impartición de justicia, al tiempo que subraya su compromiso de continuar con los esfuerzos que protejan los derechos fundamentales de los mexicanos en el extranjero”, señala la CNDH.

Advierte que de acuerdo con Amnistía Internacional, 140 países miembros de Naciones Unidas son abolicionistas de esa pena, de los cuales 98 la han anulado totalmente, como nuestro país; 7 sólo para delitos comunes y 35 sólo en la práctica, ya que no la ejecutan, no la practican y no la imponen, pero no la han abrogado.

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