Un tribunal colegiado, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) descongelar las ocho cuentas de Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico“, quien hace cuatro años fue absuelta del delito de lavado de dinero.
El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal indicó que no hay justificación alguna para que persistan los aseguramientos de sus cuentas bancarias, en virtud que fue absuelta de las causas que se siguieron en su contra y de las cuales derivaron los congelamientos que reclamó.
Ávila Beltrán fue considerada hasta 2007 uno de los enlaces más importantes entre cárteles de la droga que operan en México y Colombia y en 2015 autoridades del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Nayarit liberaron a Sandra Ávila Beltrán, quien pasó siete años presa.
A partir de su excarcelación, ha ganado diversos recursos contra las acusaciones que le formuló el Ministerio Público Federal durante la administración de Felipe Calderón, entre otros, dos cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y uno por delincuencia organizada.
En el expediente 248/2019,el tribunal colegiado decidió por mayoría que el amparo concedido a la reina del Pacífica es para que el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, deje sin efecto el acuerdo de 7 de agosto de 2002 cuando se ordenó el aseguramiento de sus cuentas bancarias.
Pese al amparo concedido por una juez federal, los efectos fijados no fueron del todo claros, “pues de ellos se observa que no especificó respecto de cuáles cuentas bancarias de la quejosa debía levantarse su aseguramiento, es decir, número de cuenta e institución donde están radicadas cada una de ellas, sino que solamente señaló de manera genérica que debían descongelarse las cuentas bancarias que le hubieren sido aseguradas”.
Consideraron que el hecho de que en la actualidad se mantuviera vigente de forma indefinida el aseguramiento sobre las cuentas bancarias de la quejosa sin que para ello existiera una justificación válida, trastocaba sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica.
Ello, porque tal situación dejó de constituir un acto de molestia y se convirtió en uno de privación indefinida, “en la medida de que hasta el momento procesal en que se resolvía, no existía razón jurídica alguna que justificara su subsistencia y más aún, ya que si dicho aseguramiento constituye una medida accesoria del procedimiento penal que fue instaurado en contra de la impetrante y éste ya se encuentra concluido al haberse dictado sentencias absolutorias y además porque existía cosa juzgada, era inconcuso que debían quedar sin efectos esos acuerdos”, señala la resolución del colegiado.
De esta forma, el ministerio público federal deberá emitir un nuevo acuerdo y ordenar el levantamiento del dinero, “así como la devolución del numerario contenido en esas cuentas, y de ser el caso, sus respectivos rendimientos”.
