Armando Saldaña Flores, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), busca ampararse contra la vinculación a proceso dictada en su contra por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades que cometió en el caso conocido como La Estafa Maestra.
Este amparo, bajo el número 1070/2021, fue admitido a trámite desde el pasado 4 de enero por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, autoridad que sin embargo no le otorgó la suspensión provisional del asunto.
Saldaña es procesado por un convenio celebrado entre la Sedatu y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPDIM) para automatizar el registro, control y seguimiento de la información del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero, contrato que presuntamente fue utilizado para desviar 185 millones 839 mil 480 pesos.
Durante una audiencia celebrada el pasado 6 de diciembre el exfuncionario, que está en busca de un acuerdo de inmunidad penal con la Fiscalía General de la República (FGR), acusó ante el juez federal de su caso a seis excolaboradores de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la dependencia, por ser responsables de esta desvió de recursos.
Durante su intervención, Saldaña reiteró que su firma en los contratos fue falsificada y que lo denunció desde que tuvo conocimiento, incluso ante Rosario Robles, ex titular de esta dependencia que está recluida por su presunta responsabilidad en este esquema de desvío de dinero que implica a dependencias de Estado y diversas universidades del país.
Se trató de una audiencia en la que por tercera ocasión el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, repuso el procedimiento en contra de Saldaña, misma en la que lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades.
Por ello el juez le impuso la presentación periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares en Puebla y la prohibición de salir del país. Además, fijo un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
En lo que hace a la audiencia de amparo, el Juzgado Primero determinó que “el juez responsable deberá continuar el procedimiento hasta que termine de celebrarse la audiencia intermedia, momento a partir del cual, deberá suspenderlo y no dictar auto de apertura al juicio oral, hasta que no se le notifique la resolución que recaiga en el fondo del juicio de amparo”.
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Por ello, para resolver si concede o no el amparo definitivo, el juzgado fijó para el 22 de febrero la fecha para celebrar la audiencia constitucional del caso.
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