El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió una directiva para poner fin al paro laboral que afecta al Poder Judicial de la Federación (PJF), el cual dio inicio a raíz de la inconformidad por la reforma al órgano judicial.
A través de la circular 23/2024 se determinó que a partir de este jueves 24 de octubre, todas las actividades deberán reanudarse en tribunales y juzgados del país, además de que se les informa que aquellos empleados que se nieguen a regresar a sus puestos, enfrentarán descuentos en sus sueldos, conforme a lo estipulado en las normativas laborales vigentes.
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La decisión fue aprobada por mayoría, con el apoyo de los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvés Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez. Estos cuatro votos superaron la oposición de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, junto con los consejeros Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez, quienes votaron en contra.
En el documento oficial, el CJF enfatiza que los titulares de las dependencias judiciales están obligados a garantizar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, incluyendo el control estricto de asistencia del personal. El objetivo es asegurar el funcionamiento pleno y eficaz del sistema judicial, clave para el acceso a la justicia en todo el país.
El Consejo también ordenó al coordinador de Seguridad del CJF que preste apoyo a magistrados y jueces que soliciten asistencia para garantizar el acceso seguro a los inmuebles judiciales. Este refuerzo responde a las tensiones que el paro ha generado en varios tribunales, donde se han registrado bloqueos y manifestaciones por parte del personal.
La circular 23/2024 reafirma la vigencia de una directiva anterior, la circular 22/2024, emitida el 16 de octubre, que también había planteado la reanudación de labores en todas las instancias judiciales del país. Sin embargo, esta nueva resolución pone especial énfasis en que cualquier incumplimiento será sancionado, bajo la premisa de que el servicio de impartición de justicia es un derecho que no puede interrumpirse indefinidamente.
Este conflicto ha puesto al Poder Judicial en una situación inédita, ya durante semanas, gran parte de los tribunales y juzgados han visto paralizadas sus actividades, lo que ha generado un rezago considerable en la atención de expedientes y procesos judiciales. El paro, organizado por diversas asociaciones de empleados del Poder Judicial, responde a preocupaciones sobre recortes, elección de magistrados y otras cuestiones contempladas en la reforma judicial.
