El líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alejandro Domínguez ha presentado una iniciativa que busca endurecer las penas por delitos relacionados con la producción y venta de fentanilo en México.
La propuesta, que reforma el Artículo 194 del Código Penal Federal, contempla castigos que podrían ir desde los 50 hasta los 70 años de prisión para aquellos que se dediquen a la fabricación y comercialización de esta sustancia, cuyo consumo ha crecido exponencialmente en los últimos años.
➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua
Domínguez destacó que es inaceptable que en la actualidad, las penas para este tipo de delitos sean menores a los 25 años de cárcel, considerando el impacto devastador que tiene el fentanilo tanto en la salud pública y en el tejido social del país.
"Es importante aumentar las penas como una medida disuasoria ante un fenómeno que envenena a la sociedad, a las familias y destruye el futuro de nuestros jóvenes", declaró el dirigente priista.
El diputado señaló con preocupación que México ha pasado de ser un país de tránsito de estupefacientes a convertirse en un territorio donde el consumo de drogas, particularmente el fentanilo, se ha estacionado y expandido de manera alarmante.
Esta droga, conocida por su altísima potencia —hasta 50 veces más fuerte que la heroína— ha encontrado una creciente demanda entre sectores juveniles y vulnerables, afectando no solo a los consumidores directos, sino también a las familias y comunidades en las que estos habitan.
Alejandro Domínguez insistió en que el fenómeno del fentanilo no solo es un problema de salud pública, sino que tiene consecuencias directas sobre la seguridad nacional y el bienestar de la sociedad. "El consumo de esta droga barata y altamente adictiva está llenando cementerios y destruyendo futuros. No podemos permitir que siga avanzando sin respuesta", advirtió.
Ante la gravedad de la situación, el líder priista hizo un enérgico llamado a las autoridades en los tres niveles de gobierno a implementar con urgencia políticas de reducción de daños. Según Domínguez, estas acciones deben enfocarse especialmente en las regiones donde el consumo de fentanilo ha alcanzado niveles críticos, y deben incluir campañas de concientización, programas de prevención en jóvenes y medidas de seguridad reforzadas para evitar la distribución de la droga en puntos clave como escuelas, centros nocturnos y colonias populares.
