Los pistoleros que atacaron al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, no iban a matar a un funcionario y sus escoltas, iban a la guerra.
Las autoridades dieron cuenta del armamento grado militar que llevaban: rifles AR-15, granadas de humo, de fragmentación y rifles de francotirador Barret calibre .50, estos últimos célebres por detener coches blindados en Afganistán, tanques ligeros en Irak y más recientemente helicópteros en Michoacán.
Con un costo inicial aproximado de 155 mil pesos en las tiendas en línea de cualquier armería estadounidense no es difícil saber de dónde provienen esos Barrets, así como tampoco el origen de los rifles, los lanzacohetes, las pistolas, escopetas, granadas, chalecos antibalas y bombas que cobran la vida de cientos de mexicanos diariamente.
Aunque existen varios reportes al respecto, las formas específicas, los personajes involucrados, los lugares y el número de armas que cruzan ilegalmente desde Estados Unidos son un tema no explorado con la importancia que tiene para la seguridad nacional.
Según el Center for American Progress, 70% de las armas ligadas a delitos ocurridos en México fueron compradas de manera legal, mientras que estima que cada año son contrabandeadas 213 mil armas de fuego desde EU. La Secretaría de la Defensa Nacional calcula cifras similares.
El tema sobre el desbordamiento de armas desde EU a México fue tímidamente tocado durante la campaña del presidente López Obrador y ya como mandatario no ha figurado en el centro de las relaciones EU-México como debería, las cuales han sido prisioneras de los jaloneos políticos para renovar el TLCAN.
Apenas el presidente López Obrador realizó una declaración al respecto con motivo del asesinato de ocho mexicanos en el tiroteo de El Paso, Texas, en agosto de 2019. Lo mismo sucedió cuando Ovidio Guzmán López fue liberado por pistoleros en octubre del año pasado. Ambos casos quedaron en politiquería y "compromisos" con la administración Trump.
La próxima visita del presidente López Obrador a Washington con motivo del T-MEC sería una buena ocasión para al menos recordarle a Donald Trump estos pendientes.
Se estima muy difícil que el tabasqueño obtenga compromisos serios por parte del magnate neoyorquino. La administración Trump no es dueña de su voluntad pues la suya es una de las presidencias más cooptadas por los intereses de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), la cual congrega entre sus miembros a gran parte de la base electoral conservadora y blanca que llevó a Trump al poder.
Es cierto que la erradicación del trasiego de armas no cura la falta de Estado de Derecho en México, pero al menos urge hacernos un poquito más difícil el estarnos matando entre mexicanos.
Han pasado cincuenta años desde que Richard Nixon inició su política de combate al crimen y las drogas en la que la colaboración de México ha figurado como un eje central. Sin embargo, en ese tiempo el gobierno mexicano aún no ha logrado sacar por parte de su homólogo estadounidense un compromiso sistémico, vigoroso y de alcance nacional para evitar el trasiego de armas.
México lleva las de perder para lograr cambios al carecer de palancas de coerción a la altura del poder político y económico de los Estados Unidos, no obstante al menos en cuanto a narrativas y declaraciones, que es el recurso que le queda a la mano, al gobierno mexicano le ha temblado la voz.
Y hasta que exista un cambio en la postura mexicana, así como en la Casa Blanca, sólo nos resta aceptar que, como dice el dicho, México ponga los muertos y ellos las balas.
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