En un comunicado señala lo siquiente: El Gobierno del Estado rechazo que “desde oficinas de Gobierno del Estado se está instigando la violencia, el vandalismo; y alentando un clima y una campaña en contra de la Guardia Nacional, que termina beneficiando a la delincuencia organizada”.
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Se trata de una irresponsable y muy delicada acusación ante lo que exigimos que el funcionario federal presente de inmediato pruebas de sus dichos o de lo contrario se retracte públicamente por la misma vía en la que los expuso. De no hacerlo, tomaremos los cauces legales correspondientes para acreditar debidamente, ante la opinión pública, la falsedad absoluta de esa versión.
Deploramos la manipulación y politización que, ahora desde las instancias de Seguridad Pública del Gobierno Federal, se está haciendo sobre el conflicto por el agua, al mezclar dos hechos totalmente distintos, como es la resistencia de un grupo de pobladores de Villa Ahumada a la construcción ahí de un cuartel para la Guardia Nacional, con los hechos ocurridos en la presa La Boquilla.
Se trata de una manipulación deliberada, porque ambos órdenes de gobierno tenemos, dentro de la información que compartimos en el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, datos precisos sobre el origen y los intereses que están detrás de esta manifestación contra la Guardia Nacional; es un falso movimiento orquestado por la delincuencia organizada, a lo cual estamos haciendo frente en conjunto. Y tenemos todos los elementos para acreditar nuestra colaboración en ese proyecto.
Es muy grave esta manipulación de la información, porque sólo contribuye a la confusión y tensión social, aumenta la irritación de los auténticos productores, a los que ahora el Gobierno de México los pretende ligar con la delincuencia organizada, en su irresponsable estrategia de deslegitimar cualquier iniciativa popular de defensa del agua.
Ante la falta de argumentos técnicos, el Gobierno Federal se empecina en reducir el conflicto a un problema político-electoral y de robo de agua, con el que pretende desconocer el escenario actual de extrema sequía para Chihuahua, proyectado por el propio monitor de Conagua, y que traerá consecuencias económicas incalculables para miles de familias que viven de la agricultura y la ganadería. La inmensa mayoría de las superficies que se riegan en estos distritos son ejidos y pequeños propietarios.
Y ante el fenómeno del huachicol del agua a lo largo de la cuenca del Río Conchos, reiteramos que esa es una responsabilidad directa de la Conagua, que hemos exigido una y otra vez que se corrija y sancione a quienes se benefician indebidamente, pero frente a lo que no se hace nada, porque la Dra. Blanca Jiménez ha decidido mantener en esa institución a la estructura de corrupción que lo ha permitido por muchos años y que sigue ahí enquistada.
Los datos que Chihuahua ha señalado en aportaciones para el pago del Tratado son ciertos, tienen sustento en las propias cifras de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y se refieren a lo que va del último año del quinquenio, en comparación con lo que han aportado otros tributarios. Esto es, de los 216.12 millones de metros cúbicos pagados por escurrimientos hasta el 9 de septiembre a los Estados Unidos, Chihuahua ha aportado el 68%.
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