La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que inhabilitó por un periodo de 10 años para ocupar cargos públicos a Luis Videgaray Caso, considerado el hombre fuerte del expresidente Enrique Peña Nieto y cerebro de su administración en el sexenio pasado, por dar información falsa sobre su patrimonio entre los años 2015 y 2017.
Según la dependencia federal, la decisión se tomó “por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público”.
En respuesta, Videgaray Caso anunció que impugnará la inhabilitación por las vías institucionales, sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales.
Éste es el primer golpe jurídico que propina el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a funcionarios de administraciones pasadas luego de las elecciones intermedias del domingo 6 de junio, como parte de su campaña de combate a la corrupción.
En su comunicado, la secretaría que encabeza Irma Eréndira Sandoval informó que ya había notificado esta resolución al extitular de Hacienda desde el 11 de mayo pasado, pero el anuncio público lo hizo hasta ayer “por respeto a la veda electoral”.
La investigación que abrió la SFP en torno al patrimonio de Videgaray Caso comenzó desde junio de 2019, luego de conocer su posible participación en la compra irregular que hizo Petróleos Mexicanos (Pemex) de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados a sobreprecio, aunque este caso en específico no fue la causa de la inhabilitación.
Esta sanción, agregó la dependencia, es la pena máxima que permite aplicar la ley por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público, con independencia de otros procedimientos de investigación que pudieran estar en curso por esa u otras autoridades.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que también investigarán el caso.
"Son tarjetas de crédito"
Por la tarde, el excanciller confirmó en su cuenta de Twitter que la SFP le notificó de la inhabilitación desde mayo porque la autoridad lo encontró administrativamente responsable de omitir manifestar “cuentas bancarias” en sus declaraciones de 2015 a 2017. Sin embargo, aclaró que esas cuentas eran en realidad tarjetas de crédito que sí incluyó en sus declaraciones, solo que en otro apartado porque no tenían saldo deudor.
El comunicado de la Función Pública no habla concretamente de cuentas bancarias sino únicamente de “falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales”.
“Las ‘cuentas bancarias’ a las que se refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito, que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración.
“Las tarjetas de crédito de las que soy titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales. No fueron incluidas en el apartado de pasivos (pues no tenían saldo deudor), pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones”, dijo Videgaray.
Agregó que no hubo intención de ocultar la información de su patrimonio y que la Función Pública “expresamente reconoce que yo no tuve ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones, y que no se generó ningún daño o perjuicio económico”.
En un segundo comunicado, la dependencia federal respondió que las cuentas “sí son cuentas bancarias” y “sí contaban con saldos durante el periodo que (Videgaray) tuvo la obligación de informar”.
“La omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave, que vulnera la integridad y la ética en el servicio público, y ésta fue reiterada durante los años señalados.
“Para la inhabilitación por 10 años se aplicó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en un procedimiento sancionador administrativo culminado; no se trata de una mera acusación. Damos la bienvenida a la impugnación anunciada, donde defenderemos la legalidad y pulcritud de nuestra sanción”, agregó la SFP.
Un exilio silencioso
Desde su salida del gobierno, Luis Videgaray se ha mantenido lejos de los reflectores políticos, no da entrevistas a la prensa (salvo una que concedió a Forbes en marzo de 2020 para hablar sobre sus proyectos académicos) y sólo ha emitido escuetos comunicados cuando su nombre aparece en acusaciones de corrupción por parte de quienes fueron sus compañeros de gobierno como Emilio N o Rosario N, exsecretaria de Desarrollo Social.
Actualmente vive en Boston y es catedrático del Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde dirige un programa académico de inteligencia artificial, según el sitio web de esa institución.
Cercano a Enrique Peña Nieto desde 2005, fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público en diciembre de 2012 cuando el priista asumió a la presidencia de la República. Entre 2013 y 2016 fue pieza clave en la aprobación de las reformas energéticas y fiscales de la administración peñista.
Dejó Hacienda el 7 de septiembre de 2016 en medio de un escándalo por haber orquestado una reunión entre Peña Nieto y el entonces candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, sin consultar a la cancillería o a la Secretaría de Gobernación.
Tiempo después encabezó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cargo en el que permaneció hasta terminar el sexenio peñista.
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En 2020, Emilio N, exdirector de Pemex, denunció que Videgaray estuvo implicado en actos de corrupción relacionados al caso Odebrecht mientras estuvo al frente de Hacienda. De acuerdo con las acusaciones, recibió sobornos millonarios y convenció a legisladores de aprobar la reforma energética.
Además, en el caso de la compra de la planta chatarra de AgroNitrogenados, el exdirector de Pemex denunció que la operación fue dictada por el mismo Peña Nieto mientras que Videgaray condujo todas las negociaciones financieras.
Con información de Miguel Ángel Ensástigue
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