Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia matutina, anunció que perfila posponer la Cumbre de la Alianza del Pacífico que estaba prevista para el próximo 25 de noviembre, debido que al presidente peruano Pedro Castillo, quien recibiría el relevo de este organismo de López Obrador, se le negó la licencia para salir de su país.
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“Hablando de asuntos internacionales, es muy probable, voy a hacer unas consultas el día de hoy, que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico”, dijo el presidente, en su conferencia de prensa de este lunes, en Palacio Nacional, pues explicó que no le dieron permiso de asistir al presidente de Perú, Pedro Castillo.
López Obrador planteó que se podría posponer la fecha de la Cumbre o bien realizarla en Perú: “Podríamos hacer una reunión en Perú porque le tengo que entregar la presidencia a Pedro Castillo”, subrayó.
El presidente López Obrador dijo que a pesar de que podría posponer la cumbre, tiene en firme mantener encuentros bilaterales con otros mandatarios de la Alianza del Pacífico: “Voy a tener reuniones bilaterales, sí viene el presidente de Chile, si viene el presidente de Costa Rica, viene la presidenta de Honduras, pero no necesariamente esta reunión de la Alianza del Pacífico”.
La Fiscal de la Nación de Perú presentó el 12 de octubre una denuncia constitucional en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, en una de las medidas más agresivas tomadas contra Castillo desde que llegó al poder.
“Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, señala la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en un documento difundido por Twitter.
Esa mañana, la fiscalía allanó la casa de la hermana de Castillo en busca de su sobrino, acusado de pertenecer a la supuesta banda criminal liderada por el mandatario, en una operación en la que se registraron los inmuebles de otros 12 investigados por la misma causa.
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La fiscal Benavides agregó que durante las diligencias se encontraron “muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno”.
