“Pese a señalar el riesgo de atentar contra la separación de poderes, la soberbia nubló al oficialismo y sin medir consecuencias para el país, aprobaron sin escrúpulos la reforma que inhabilita las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, así como el juicio de amparo en las adiciones y reformas a la Constitución”.
Lo anterior fue lo externado por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez Domínguez en relación a la aprobación de la reforma de supremacía constitucional.
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El priista advirtió que, “si la Constitución no protege al pueblo, será olvidada y se abrirá la puerta a un Estado autoritario”, toda vez que la concentración de poder y el debilitamiento de las instituciones, son una alerta sobre el riesgo de que México se desvíe hacia un autoritarismo encubierto, despojando a los ciudadanos de sus derechos y garantías.
Asimismo, el también diputado federal por el Distrito 08 reiteró que el Revolucionario Institucional seguirá rechazando cualquier intento de convertir la Carta Magna en una herramienta de autoritarismo, toda vez que su partido construyó durante décadas el andamiaje para que se garantice que los derechos fundamentales no se anularan ni suprimieran.
“Respetamos la Constitución y creamos los mecanismos de protección a la misma, por lo que invitó a la reflexión sobre las consecuencias de la reforma y la responsabilidad de los legisladores en la defensa de las instituciones y la justicia”, recalcó.
“Morena y sus aliados, se han cansado de decir que no somos iguales, y sí, afortunadamente no somos iguales, ellos serán los responsables de decirle a las próximas generaciones, que no habrá más instituciones que sirvan para proteger sus derechos ciudadanos frente a los abusos de poder”, sentenció.
En ese sentido, señaló que el PRI se mantendrá en oposición a que se establezcan candados que impidan acceder a medios de defensa ante actos legislativos que puedan ser violatorios a los derechos humanos, a que cada vez se le disminuya en facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como garante del respeto a la Constitución.
Igualmente, a la desaparición fáctica de la división de poderes, a la extinción de un verdadero sistema de pesos y contrapesos, y a que se le niegue a los órganos autónomos u órdenes de gobierno, el disentir sobre una norma, acto u omisión que invada su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional.