“Con la aprobación del dictamen de inimpugnabilidad queda expuesta la verdadera intención de Morena: eliminar cualquier contrapeso que frene sus ambiciones autoritarias”, fue lo que expresó el senador del PAN, Mario Vázquez Robles.
Ante esa situación, recordó que es facultad y obligación del Poder Judicial revisar la constitucionalidad de cualquier reforma que afecte a la sociedad; empero, señaló que el grupo en el poder decidió quitarle esta facultad para así hacer reformas a su antojo.
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“Nos aseguran que no son autoritarios, pero les incomoda la división de poderes y les molesta la autonomía. Lo peor es que no solo son autoritarios, también son mentirosos”, sentenció el chihuahuense, asegurando que esta reforma le da la razón a la oposición de que Morena hará lo necesario para cumplir sus deseos sin importar las consecuencias.
Con esta aprobación las reformas constitucionales relacionadas con la Reforma Judicial establecerán que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que contradigan dichas reformas, serán consideradas improcedentes.
Expuso a su vez que, en la actualidad, cinco de los once ministros de la Suprema Corte fueron propuestos por el anterior presidente y su resistencia a ceder ante los deseos del poder ha sido notable.
“Ahora, el actual gobierno busca consolidar un control absoluto sobre el Poder Judicial con un solo movimiento: pretende elegir a todos sus integrantes, poniendo a los jueces al servicio del gobierno”, dijo.
Fue así que reprochó que “aunque el oficialismo asegura que no es autoritario, su incomodidad con la división de poderes y la autonomía es evidente. En los últimos 56 días, han pisoteado la Constitución, prometiendo respetar el Estado de Derecho mientras ignoran mandatos judiciales”.
Vázquez Robles agregó que dicha reforma, presentada por los morenistas como una protección a la soberanía del pueblo, en realidad expone a los ciudadanos a posibles abusos de poder. Para muestra, refirió que “el Fondo Monetario Internacional ha reducido su pronóstico de crecimiento para México a un preocupante 1.3% del PIB, reflejo de la desconfianza de los inversionistas, impulsada por el déficit fiscal, la crisis de inseguridad y esta reforma judicial”.
En este sentido, el legislador señaló que aunque el actual gobierno minimiza las advertencias de organismos como el FMI y de la misma oposición, esta iniciativa abre la puerta a excesos peligrosos. “Se plantea modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, lo que vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la libertad”, acotó.
Hizo hincapié en que la integridad del sistema judicial y los derechos humanos son principios no negociables. “Los derechos deben ser respetados”, enfatizó, “con esta reforma, no solo se pone en riesgo la independencia judicial, sino que se socavan los fundamentos mismos de nuestra democracia, lo que podría llevar a un retroceso irreversible en el estado de derecho y la protección de los derechos humanos en México. La lucha por la justicia y la libertad es un deber de todos; la voz de cada ciudadano es crucial en este momento decisivo para el futuro de nuestra nación”, concluyó.
