El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió acudirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para que se pronuncien con respecto del acuerdo por el que se militariza al país y buscará tumbarlo por todos los medios constitucionales.
A la par, el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza adelantó que demandarán la comparecencia de los titulares de las dependencias involucradas para que rindan cuentas en materia de seguridad y justicia, porque dijo es evidente el fracaso de la estrategia del Gobierno federal y de la Guardia Nacional.
Además, luego de una reunión de la Comisión Política Nacional, que preside Santiago Creel Miranda, determinó que este acuerdo que militariza al país, expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es violatorio de la Constitución, los Tratados internacionales y las resoluciones de instancias jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, que México está obligado a cumplir.
También estableció que buscarán invalidar dicho acuerdo por todos los medios de carácter constitucional, así como que el Presidente cumpla con mantener el servicio público de policía en un ámbito estrictamente civil y no militar, como ocurre en todas las democracias modernas en el mundo.
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“Es notable la incongruencia del actual gobierno, particularmente en su crítica y rechazo que hizo en contra de los gobiernos pasados sobre el uso de las fuerzas armadas y la militarización del país. No solamente contradice sus antiguas posiciones políticas, sino que además, con este Acuerdo, incurre en riesgo mucho mayor de violentar los derechos de los mexicanos que el que se tuvo en el pasado”, señaló en su posicionamiento la Comisión Política Nacional.
Así mismo, se llegó a la conclusión que esta acción por parte del mandatario federal rompe con los acuerdos logrados entre el Ejecutivo y el PAN para establecer la Guardia Nacional bajo un mando civil.
Por su parte, el dirigente nacional panista señaló que la postura del PAN y sus legisladores federales fue aprobar reformas para la Guardia Nacional, bajo la premisa de que la seguridad pública quedaría al mando de autoridades civiles.
Ello dijo, “sin dejar de hacer un reconocimiento al enorme esfuerzo, tarea, sacrificio y dedicación de nuestras Fuerzas Armadas, que trabajan en apoyo del pueblo de México pero que sin duda tienen otras tareas”.
Cortés Mendoza recordó que el Ejecutivo incumplió el compromiso de concentrar el mando civil en materia de seguridad, ya que destacados miembros de las Fuerzas Armadas son titulares de la Guardia Nacional, pese que se encuentra expresamente prohibido.
“El Presidente debe dar una explicación que justifique cabalmente su delicada decisión. Debe reconocer que no ha podido contra la delincuencia y que no ha tenido un plan contra la inseguridad. Debe admitir que ha fracasado de manera contundente en su compromiso de darnos seguridad a través de la Guardia Nacional y por eso recurre a las Fuerzas Armadas”, acusó.
Decreto de Fuerzas Armadas es inconstitucional, coinciden legisladores panistas
El decreto para usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es inconstitucional y arbitrario, porque no cumple con las condiciones establecidas para ello en la reforma aprobada por el Congreso en 2019, señaló el grupo parlamentario del PAN.
La senadora Kenia López Rabadán y Damián Zepeda, apuntaron: “nosotros le dimos la confianza al presidente, aprobamos la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que estableció, en su régimen transitorio, que por hasta 5 años, el Ejecutivo podría disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, pero de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Estas condicionantes, señalaron en conferencia virtual, fueron establecidas y clarificadas previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); sin embargo, nada de ello se respeta en el decreto del 11 de mayo del 2020, por el cual el Ejecutivo pretende regular la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.
No plantea los elementos de excepcionalidad bajo los cuales la Fuerza Armada permanente podrá entrar a tareas de seguridad pública. No se trata de una regulación a nivel de ley, es decir, emitida por el Legislativo, sino de una norma reglamentaria. Por lo tanto, el decreto es inconstitucional, ya que se arroga una atribución que corresponde a otro Poder del Estado.
Tampoco, dicen los panistas, garantiza que las tareas que en materia de seguridad pública realice la Fuerza Armada estén bajo un mando civil, sino todo lo contrario.
El decreto, por tanto, es inconstitucional y arbitrario, pues se arroga atribuciones correspondientes al Congreso, y pone en manos del Ejército tareas que constitucionalmente corresponden a la autoridad civil, afirmaron.
El presidente durante su campaña prometió regresar las fuerzas armadas a los cuarteles, hoy sus acciones muestran, una vez más, una contradicción, lamentaron.
“La Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea tienen nuestro reconocimiento y respeto por su labor leal y patriótica, son las instituciones más apreciadas por la sociedad, pero este gobierno le ha dado varias tareas que no son precisamente propias de su encargo: la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y las sucursales del Banco de Bienestar, participar en los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el futuro, combatir el huachicol, frenar el flujo migratorio, repartir libros de texto, y ahora labores de Seguridad Pública”, señalaron.
Con información de Gabriel Xantomila | El Sol de México
