“Es claro que se heredó el partido de la delincuencia organizada y no permitiremos que ellos decidan o amenacen, haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral, para que quien decida sea el pueblo”, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al presentar la Estrategia de Protección de Contexto Electoral, durante la conferencia matutina de hoy en Palacio Nacional.
El próximo 6 de junio se elegirán más de 21 mil cargos: 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más 1 mil 900 presidencias municipales, 1 mil 063 cargos en congresos locales y más de 17 mil regidurías, sindicaturas y concejales.
Por eso que la SSPC establecerá una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, con el propósito de tomar las previsiones necesarias, a fin de prevenir y sancionar la violencia política y proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco.
“Sabemos que el nivel de gobierno más vulnerable es el municipal, más aún cuando están en zona de influencia del crimen organizado o de cuello blanco, por ello es necesario actuar con una guía clara”, dijo la secretaria.
En primer lugar se hace un llamado a partidos políticos y autoridades electorales y de otro tipo, para que los candidatos cumplan los requisitos de ley.
Establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, partidos políticos, fiscalías y autoridades locales, para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizado o de cuello blanco.
Consultar con los gobernadores la aplicación de esta estrategia en sus entidades, con énfasis en las medidas de protección a candidatos amenazados.
También se reforzará la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo, con presencia de las fuerzas de seguridad.
Se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección.
Coadyuvar en la protección y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes locales y federales.
Y establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, incidencia delictiva y de riesgos para el proceso electoral.
Finalmente, dijo, “es conveniente evaluar semanalmente el avance de esta estrategia y presentar un informe en el gabinete, viendo dónde necesita más apoyo. Por eso hemos acordado mantener reuniones periódicas en la mesa de estrategia, en la que participarán todas las instituciones que están colaborando en la elaboración con acuerdos específicos. Esta revisión no sólo sirve para este seguimiento, sino para impulsar acciones muy concretas”, concluyó.