De los 80 años de vida que tiene, Carmen, una trabajadora doméstica, ha dedicado 60 a realizar esa actividad y, a pesar de ser una adulta mayor, es sometida por sus empleadores a labores severas diarias, le prohibieron ir a su pueblo y vive en condiciones insalubres, porque donde descansa escasamente es una bodega sin luz ni ventilación.
Esa situación es parte de los testimonios que recabados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México de los 20 reportes recibidos, en los cuales las víctimas denuncian discriminación, violencia, privación de la libertad, embarazos por abuso de poder y confinamiento obligatorio por pandemia, más allá de lo recomendado por las autoridades de salud, lo cual en unos casos puede ser trata de personas y explotación laboral.
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Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo, dio a conocer esos datos, del “Reporte Trabajadoras del Hogar, Violencia y Riesgo de Trata”, a propósito de que este miércoles es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y reconoció que hay una enorme cifra negra gigantesca por este abuso laboral.
Adelantó que en el caso de Carmen se plantea abrir una carpeta de Investigación ante el Ministerio Público, precisó que lo narrado le fue contado por una sobrina de la empleada con quien ha podido mantener una comunicación esporádica, y que también, aseguró, la víctima es maltratada, que a raíz de la pandemia sus empleadores le prohibieron ir a su pueblo en Michoacán, como lo hacía cada mes, y tampoco la dejan usar celular.
Explicó que la explotación laboral a la que son sometidas las personas trabajadoras del hogar no es denunciada, porque ignoran sus derechos, temen quedarse sin empleo, y solas, ya que la mayoría presta sus servicios en ciudades donde no residen familiares.
El 91 por ciento de quienes se dedican a esa actividad son mujeres, la edad promedio nacional es de 35 años, mientras que en la Ciudad de México es de 36 años de edad; 28 por ciento es de origen indígena, 69 por ciento carece de prestaciones labores, 98 por ciento no tiene un contrato por escrito, y una de cada cinco ha sido maltratada por sus patrones.
“Ante la negativa de algunas patronas y patrones a reconocer los derechos de las Personas Trabajadoras del Hogar, las mantienen sin contratos sin prestaciones, sin descanso y a veces sin salarios, condiciones equiparadas con la Trata de Personas”, consideró Guerrero Chiprés.
Presentó un Violentómetro para retratar los grados de agresiones cometidas por empleadores, a partir de los reportes recibidos por dicho consejo, por ejemplo, nombres despectivos (chacha, sirvienta, criada, gata), bromas racistas o clasistas, chantajes, manipulación, las ignoran, culpan, descalifican, ridiculizan, humillan, intimidan, les gritan o usan lenguaje ofensivo, prohíben entradas y salidas, ir al baño y destruyen sus artículos personales.
También, reciben insinuaciones sexuales, manoseos, trata, son violadas, golpeadas, empujadas, cacheteadas, pateadas, encerradas, aisladas, no les permitir el acceso a Internet, o hacer llamadas; viven en condiciones insalubres, les quitan documentos personales, viven sin atención médica, trabajan mucho tiempo, adultos mayores son obligados a trabajar.
Sobre los salarios que reciben, el presidente del Consejo informó que sabe por las trabajadoras del hogar que en la capital los salarios son de ocho mil pesos mensuales, mientras que en los estados es de cuatro a seis mil pesos.
De esta situación, no se escapan los menores de edad porque algunas empleadas domésticas empiezan a realizar sus tareas a los 14 años de edad, pero la frecuencia de niños es de uno por 50.
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Finalmente, tras una violación en el domicilio donde presta sus servicios, la trabajadora queda embarazada y su hijo eventualmente es incorporado a la estructura de explotación laboral.
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