En una medida sin precedente, la Secretaría de Gobernación (Segob) restringió temporalmente el paso a defensores de derechos humanos y de representantes de asociaciones religiosas, quienes son los principales agentes de asesoría legal y monitoreo de los migrantes, a las estaciones y a las estancias improvisadas para atender a los extranjeros sin documentos en el país.
Lo que generó la molestia de la sociedad civil organizada que denunció que a algunas se les ha impedido el paso desde mediados de enero y a otras no se les renovó su permiso de acceso desde noviembre del año pasado.
Incluso, el padre Alejandro Solalinde Guerra, ligado a la Cuarta Transformación, quien en el pasado documentaba a través de redes los abusos en estos espacios, calificó dicha medida como preocupante y desbordada.
“Derivado de la actual contingencia migratoria que se presenta, por ser nuestro territorio un país de origen, tránsito y destino de migrantes, así como al incremento constante de solicitudes de ingreso a Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM), requeridas por distintas instituciones a que se refiere el Artículo 32 del acuerdo antes citado, esta autoridad determina: suspender temporalmente el ingreso a Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración de integrantes de Asociaciones Religiosas e Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil", se lee en el oficio INM/DGVCM/0118/2020 de Segob enviado a estas organizaciones.
Amnistía Internacional (AI) denunció el pasado viernes las dificultades para visitar estaciones migratorias en el sur al publicar una misiva enviada al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en la que condenaron limitar la labor de las organizaciones. Además, reveló que los obstáculos se agudizaron el 20 y 21 de enero, coincidiendo con el arribo masivo de centroamericanos.
Las organizaciones civiles analizan impugnar esta medida vía amparo y alistan un pronunciamiento conjunto para condenar la medida, el cual se prevé emitir hoy. Pero accedieron hablar con El Sol de México .
Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asylum Access México, dijo que desde el 17 de enero les están impidiendo la entrada a las estaciones migratorias, esto a pesar de que cuentan con un permiso vigente hasta septiembre por el Gobierno federal.
Marcela Robles, enlace para la incidencia del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdova, denunció que el Instituto Nacional de Migración les negó la renovación de su autorización anual de acceso al centro de detención Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, desde noviembre del año pasado.
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Explicó que el pasado 13 de enero se les notificó que dicho permiso quedó denegado, argumentando que CDH Fray Matías ha incurrido en conductas poco profesionales al ingresar a espacios no autorizados, proporcionar información poco veraz que confunde a las personas extranjeras, además de no respetar los horarios establecidos para sus visitas.
En ese sentido, la organización impuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque hasta la fecha el INM no ha renovado el acceso de la organización.
Melisa Vértiz Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, explicó que el verdadero problema de esta suspensión es que las organizaciones no sólo revisan las condiciones en las que están los migrantes o las violaciones a sus derechos, sino que fungen como asesores legales y los guían incluso para hacer solicitudes de asilo, por lo que ahora estas personas están en el limbo legal.
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“Nos preocupa y nos ocupa que las y los migrantes no puedan acceder a la información, a acceso a la justicia o al debido proceso, o al acompañamiento integral que hacen las organizaciones. También nos preocupa que se está violentando el derecho universal a los defensores de derechos humanos con esta medida”, dijo.
Las organizaciones, agregó, realizan una labor de monitoreo porque las estaciones han sido calificadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como espacios torturantes. “Imaginen, si cuando están siendo monitoreados por organizaciones de sociedad civil se documentan actos de tortura, qué ocurrirá cuando este monitoreo no se lleve a acabo; es muy preocupante”.
David López, encargado del albergue Jesús El Buen Pastor, ubicado en el municipio de Tapachula, consideró que “es una decisión totalmente equivocada, pero sobre todo muy arriesgada porque pueden cometerse violaciones a derechos humanos y nadie se dará cuenta”.
En este contexto, el diputado federal por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, exigió la renuncia de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), durante la sesión de la Comisión Permanente, debido a los malos tratos que han recibido los migrantes centroamericanos en su intento por cruzar México hacia Estados Unidos.
“Yo no tengo registro de una medida así. ¡No tiene precedente, ni en los peores momentos del PRI! El PRI eventualmente lo había hecho, pero nunca lo había oficializado. Aquí están oficializando la opacidad, la falta de transparencia. Y lo que en realidad sabemos es que mientras más ojos, más rendición de cuentas, más se respetan los derechos humanos; y mientras más opacidad, más violaciones a los derechos humanos”, agregó el ex ombusperson de la ciudad de México y senador Emilio Álvarez Ícaza.
Con información de Jacob Sánchez, Rafael Ramírez y Sarahi Uribe
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