La organización Sélvame el Tren obtuvo una nueva suspensión definitiva en contra de la tala y desmonte en los terrenos que comprenden los tramos 5 Sur y Norte del Tren Maya, que van desde Cancún a Tulum, en Quintana Roo.
Aunque la decisión aún puede ser impugnada, esto imposibilita de momento que el gobierno federal pueda continuar los trabajos en una de sus obras más emblemáticas y criticadas debido al impacto ambiental que advierten expertos en el sureste mexicano.
La suspensión fue otorgada por el juez Adrián Fernando Novelo Pérez adscrito al Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, quien en ocasiones anteriores ha entregado recursos a la misma organización de la sociedad civil para frenar el avance de la obra impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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El juzgador, que también ha otorgado amparos y suspensiones provisionales a vecinos y otras organizaciones civiles para impedir los trabajos en el Tramo 5 del Tren Maya, en esta ocasión sostuvo que es para evitar la “destrucción de la flora del terreno en cita”.
Al dar a conocer el fallo del juzgador, la organización de la sociedad civil celebró esta decisión “ya que suspende una obra ilegal que afecta el patrimonio ecológico de todos los mexicanos”.
Asimismo, reiteró que los recursos impuestos por sus integrantes tienen el propósito de frenar las que, dijo, son acciones ilegales que se han llevado a cabo para construir un tren que no cuenta con los permisos de uso de suelo ni estudios ambientales “para evitar un desastre ecológico irreversible”.
Los fallos judiciales en contra de la obra impiden el rápido avance de la obra. Apenas en noviembre pasado, Grupo México se declaró imposibilitado de concluir el Tramo 5 sur en los 11 meses proyectados por el gobierno federal y entregarlo en julio de 2023.
Esto hizo que el gobierno del presidente López Obrador diera la obra a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que generó una disputa judicial entre la empresa de Germán Larrea y la administración federal, lo que se sumó a los problemas legales hasta que el propio mandatario anunció que se había resuelto.
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