Organizaciones de la sociedad civil, académicos y colectivos, respaldaron el proceso de pacificación y la despenalización de las drogas propuestos por el virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, basado en que México cuenta con una población lista para construir otros caminos.
“Existe una masa crítica de ciudadanos que, desde la academia, la sociedad civil organizada y el periodismo, estamos proponiendo políticas de drogas alternativas. Incluso nuestra judicatura ha reaccionado en forma contundente, declarando en reiteradas ocasiones que la prohibición vulnera derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. Estamos convencidos que la discusión no consiste en preguntarnos si debemos o no regular las drogas, sino en cómo hacerlo”, refirieron.
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Organizaciones como México Unido contra la Delincuencia entre otras enviaron una carta a López Obrador en donde externaron su respaldo al proceso de pacificación anunciado por su equipo de transición y hacemos público nuestro respaldo a la propuesta de despenalizar las drogas.
Recalcan que México no ha contado con una política de drogas orientada a la protección de sus ciudadanos desde que Lázaro Cárdenas del Río intentara en 1940 un breve, pero exitoso, ensayo de descriminalización que se vio truncado por presiones internacionales.
Desde entonces, la política de drogas se ha reducido a satisfacer la exigencia extranjera de mantener una prohibición absoluta que privilegia la represión y desatiende las necesidades de prevención y tratamiento de nuestra población.
En este sentido, hacen hincapié en que hace 12 años el prohibicionismo fue llevado a su extremo, cuando en una decisión errada el presidente Felipe Calderón decidió militarizar aún más los esfuerzos anti-narcóticos e iniciar una “guerra contra las drogas”.
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Subrayan que a diferencia de hace doce años, México cuenta hoy con una población lista para construir otros caminos. Existe una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que –desde la academia, la sociedad civil organizada y el periodismo, estamos proponiendo políticas de drogas alternativas.
Incluso nuestra judicatura ha reaccionado en forma contundente, declarando en reiteradas ocasiones que la prohibición vulnera derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. De ahí que estamos convencidos que la discusión no consiste en preguntarnos si debemos o no regular las drogas, sino en cómo hacerlo.
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