Universidades jesuitas en México rompen con régimen de Daniel Ortega

Tras la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) y de los bienes de la Compañía de Jesús en Nicaragua, las universidades jesuitas de México rompieron relaciones con el régimen de Daniel Ortega y preparan un plan para auxiliar a los estudiantes que quedaron prácticamente en el limbo.

Los convenios que por más de tres décadas ampararon cientos de intercambios de académicos y estudiantes, así como los programas de investigación entre la UCA y universidades de nuestro país como la Iberoamericana (Ibero), la Jesuita de Guadalajara y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) ya fueron declarados sin efecto y en ningún caso, aseguraron éstas a El Sol de México, se renovarán con la Universidad Casimiro Sotelo Montenegro que el Consejo Nacional de Universidades, un ente supeditado en su totalidad al presidente Ortega, creó en las instalaciones que la UCA y los jesuitas ocuparon por 63 años.

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“Al cesar las actividades de la UCA, cualquier convenio o intercambio que se mantenía con la universidad quedan sin efecto y por tratarse de un claro atropello contra la educación, que además, ataca y vulnera directamente la memoria y la historia del pueblo nicaragüense, en ningún caso se renovarán con la Casimiro Sotelo, una institución que quedará bajo autoridades impuestas por el régimen de Ortega”, afirmó la Ibero campus Ciudad de México a este diario.

En el mismo sentido, el ITESO y la Universidad Jesuita de Guadalajara advirtieron que no mantendrán relación alguna con la nueva universidad de Ortega y que otorgarán el apoyo necesario a los padres jesuitas que lo requieran. “Los convenios educativos se mantenían con los padres jesuitas y la prestigiosa institución educativa que es la UCA, no con el régimen de Daniel Ortega con el cual no se tendrá ninguna relación”, respondió por su parte el ITESO.

El 15 de agosto pasado, el gobierno de Daniel Ortega acusó de terrorismo a la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua y ordenó la confiscación de todos sus bienes, mediante el oficio de una jueza que, de acuerdo con los directivos de la universidad, no se les permitió ninguna posibilidad de defensa.

El argumento de Ortega para tomar el recinto educativo fue que “en ella se cometieron actividades delincuenciales con armas de fuego, municiones letales, morteros, bombas molotov y objetos contundentes, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas al país y traicionando la confianza del pueblo nicaragüense que los acogió para que funcionaran como institución de educación superior”, según afirma el oficio judicial cuyos señalamientos fueron rechazados de tajo por la red de universidades jesuitas en América Latina, incluidas las mexicanas y la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús.

“La verdad es que la Universidad Centroamericana es una de las más importantes universidades de Nicaragua y se considera el último centro de pensamiento independiente que quedaba en el país, por eso la decisión de la dictadura. Lo que pasó con la UCA es sólo uno más de los ataques sistemáticos a la Iglesia y a aquellos sectores de la iglesia que se han expresado críticamente sobre el gobierno sandinista.”, afirmó desde El Salvador el sacerdote jesuita José María Tojeira, portavoz oficial de la Compañía de Jesús para la crisis que la orden del papa Francisco enfrenta en Nicaragua.

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En entrevista aseguró que a pesar del riesgo, los jesuitas permanecerán en Nicaragua, mientras el gobierno de Ortega no los expulse definitivamente del país, pues todavía tienen la misión de mantener en funcionamiento Fe y Alegría, una cadena de escuelas y bachilleratos populares que generalmente se construyen en barrios marginales y zonas rurales empobrecidas. Actualmente, dijo, tienen unas 20 escuelas e institutos que siguen trabajando normalmente.

¿Qué sigue ahora, hay algo que pueda hacerse por la UCA?, se le preguntó.

“Estamos estudiando la posibilidad de algún reclamo en instituciones internacionales, llámese la ONU o en la OEA en América Latina porque esto ha sido una medida arbitraria e irregular. Entonces estamos estudiando con abogados la posibilidad de hacer un reclamo internacional pidiendo la devolución de lo confiscado”, respondió.