WASHINGTON. Desde mensajes telefónicos entre amigos a la búsqueda en Google de un centro de salud reproductiva: los datos de los usuarios que almacenan las compañías tecnológicas están siendo usados en Estados Unidos para acusar de un delito, incluido el de abortar en los territorios donde está prohibido.
La entrega a un juez de un chat privado en Facebook que sirvió para una acusación de aborto en Nebraska levantó las alarmas en este país que carece de una ley de protección de datos. Y esto se produce cuando muchos estados están restringiendo el aborto o lo están prohibiendo después de que la Corte Suprema de EU acabara con la protección constitucional de este derecho reproductivo.
Las aplicaciones, las páginas web y los propios dispositivos móviles recopilan una gran cantidad de información de los usuarios a las que las autoridades en EU pueden tener acceso, debido a que no existen leyes federales o estatales que regulen la privacidad de estos datos.
Basta con una orden judicial para que las compañías tecnológicas entreguen a la Policía información que puede “revelar información muy sensible” o darla a entender, “como por ejemplo si una persona estuvo embarazada”, explicó Caitlin Chin, investigadora del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales.
En los últimos años, las autoridades de EU han acudido cada vez más al sector privado para obtener información.
Los datos más recientes son de entre enero y julio de 2021, periodo en el que Facebook, Apple y Google recibieron más de 123 mil solicitudes de datos por parte de fuerzas del orden en EU y entregaron información en la mayoría de los casos, según informes de transparencia publicados por las empresas.
Facebook causó indignación en Estados Unidos por colaborar con la policía en la investigación de un caso de aborto, una actitud que provocó acusaciones de que la plataforma es una herramienta para reprimir esta práctica.
La ira creció cuando la red social entregó a la justicia mensajes que una madre envió para ayudar a su hija a abortar.
Jessica Burgess, de 41 años, fue acusada de ayudar a su hija de 17 a interrumpir su embarazo en Nebraska. Ahora se enfrenta a cinco cargos. Uno de ellos bajo una ley de 2010 que solo permite abortos hasta las 20 semanas de gestación.
Pero este caso no es el primero.
En 2017, Lattice Fisher, una mujer de Misisipi, fue acusada de homicidio en segundo grado por abortar. Una de las principales pruebas en su contra fue una entrada en su historial de búsqueda de pastillas Misoprostol, un fármaco usado para provocar el aborto.
“La información más poderosa que más ha sido instrumentalizada en contra de las personas son sus propios pensamientos (...) lo que ponen en un mensaje de texto o lo que escriben en un buscador”, dijo a Efe Cynthia Conti- Cook, abogada especializada en derechos civiles.
Las autoridades también se saltan a intermediarios. Según un informe de la ONG Upturn, miles de departamentos de policía del país usan herramientas forenses que les permiten extraer todos los datos de un dispositivo móvil, y en muchos casos no esperan a obtener una orden judicial para inspeccionar los celulares.
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En el Congreso ha habido varios intentos sin éxito de aprobar normativas que aumenten el derecho a la intimidad y limiten el uso que se puede hacer de los datos recopilados en redes o en los móviles.
“No hay mucho que puedas hacer para protegerte que no sea lanzar tu teléfono móvil al mar. Y esa no es una opción para muchos de nosotros”, dijo a Efe India McKinney, directora de Asuntos Federales en la fundación Electronic Frontier.
