Cada hora que transcurre, se profundizan las grietas que dividen al movimiento separatista y —en consecuencia— se alejan las posibilidades de una proclamación unilateral de la independencia a principios de la semana que viene.
Tanto en Cataluña como en España se intensificaron las declaraciones y presiones para que el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y sus aliados abandonen sus proyectos de declarar la independencia de Cataluña.
El principal signo de retroceso en el proceso iniciado con el referéndum del domingo pasado fue la decisión de Puigdemont de postergar hasta el martes 10 el discurso sobre la “situación política actual” que debía pronunciar ante el Parlamento, inicialmente previsto para el lunes.
El cambio de fecha fue adoptado para no violar una disposición del Tribunal Constitucional, que el jueves suspendió la reunión del Parlament. En ese plenario Puigdemont debía valorar el resultado del referéndum del domingo pasado y analizar “sus efectos”. Esa frase suponía que, en su conclusión, formalizaría la declaración de la independencia.
La medida también refleja las profundas grietas que aparecieron en los últimos días dentro del movimiento separatista. Actualmente, solo el grupo de ultra izquierda CUP (Candidatura de Unidad Popular) mantiene una posición intransigente. El colectivo Junts pel Sí, por su parte, se encuentra dividido. Una corriente prefiere pagar el precio de decepcionar a los votantes del domingo pasado. Otro grupo está resuelto a proclamar la independencia a fin de aprovechar el interés mediático que existe a nivel internacional.
Incluso la propia formación política de Puigdemont, el PdeCAT (Partido Demócrata de Cataluña), considerado como el sector más moderado del movimiento separatista, lo instó a frenar la declaración de independencia. “La prioridad en este momento es la mediación entre la Generalitat y el gobierno” de Madrid. “Las prisas pueden estropear el sueño”, declaró por radio Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT.
Otro duro golpe provino del ex presidente del gobierno catalán, Artur Mas: aún no hay "todo lo necesario para la independencia real de Cataluña", afirmó. En declaraciones al diario económico Financial Times, Mas explicó que no se trata solo de “cómo proclamamos la independencia, sino de realmente convertirnos en un país independiente".
Los proyectos separatistas fueron calificados de “golpe de Estado” por más de 70 filósofos y profesores del Derecho. La declaración, firmada por las mayores eminencias jurídicas de España, condena la “secesión”, pero admite la necesidad de una reforma constitucional para solucionar los problemas que "legítimamente" señalan sectores importantes de la sociedad catalana.
Alarmados por la evolución de la situación, 25 partidos políticos, organizaciones anti-separatistas y representantes de la sociedad civil convocaron a diversas concentraciones a favor del diálogo programadas para el sábado frente a los ayuntamientos catalanes, y que culminarán el domingo en la plaza Urquinaona de Barcelona.
Esa manifestación multitudinaria reunirá a importantes artistas e intelectuales, como el premio Nobel de Literaria, Mario Vargas Llosa, los escritores Juan Goytisolo y Nuri Amat, y la cineasta catalana Isabel Coixet. Junto al ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, leerán el manifiesto final. También prometieron su asistencia numerosas figuras nacionales de primera líneas.
Puigdemont también es criticado en el resto de España: 85% de la opinión pública censura su posición y considera que su actuación es ilegal, según una encuesta del instituto SocioMétrica.
La postergación de la reunión del Parlamento catalán aparece también como resultado de las gestiones y presiones realizadas por “empresarios, sindicatos y editoriales de los periódicos catalanes, reclamando a la Generalitat que vuelva a la legalidad” y desista de declarar la independencia unilateral de Cataluña, según afirmó el ministro portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.
El ministro aludía a bancos como Sabadell, CaixaBank y Mediolanum o empresas como Gas Natural Fenosa, Dogi, Oryzon y Eurona, que decidieron abandonar Cataluña e instalar sus sedes en diversas ciudades españolas. Freixenet y Codorniu también se plantean dejar Cataluña si se declara la ruptura.
La decisión de CaixaBank, que finalmente decidió instalarse en Valencia, provocó un auténtico electroshock psicológico en todo el país.
Méndez de Vigo también se refirió, aunque sin citarlo, al editorial publicado el jueves por La Vanguardia de Barcelona, afirmando que la declaración de independencia “sería un error tremendo”.
En contraste con ese éxodo masivo, el fabricante de automóviles Seat —del grupo Volkswagen— desmintió el traslado de su sede social de Barcelona a Madrid, aunque no descartó esa posibilidad si “continúa el desorden actual”. No obstante reclamó un “entorno político estable que permita seguir invirtiendo para generar crecimiento y empleo”.
Tras la intensa presión política y económica desarrollada durante toda la semana, el gobierno de Mariano Rajoy se esfuerza ahora en crear las condiciones para el diálogo. La primera fase de ese plan consistiría en abandonar la proclamación de la independencia y convocar a una reunión del Parlament para que “los representantes catalanes hablen entre sí”. La segunda parte del proceso podría continuar luego “fuera del Parlament”, estimó el portavoz.
El camino emprendido por Puigdemont “no va a ninguna parte” porque, aunque diese el paso de declarar la independencia de forma unilateral, “ningún país reconocería a Cataluña como Estado independiente”, concluyó.
En un gesto destinado a promover el dialogo, el gobierno español y el delegado del Ejecutivo central en Cataluña, Enric Millo, se disculparon por las cargas policiales del domingo pasado y “lamentaron” oficialmente las “consecuencias” del referéndum.
En otro signo de apaciguamiento, la fiscalía de la justicia nacional española decidió no actuar por el momento contra Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra (policía catalana), la intendente de ese cuerpo, Teresa Laplana, y dos líderes independentistas, acusados de “sedición”. Con el pretexto de tener que estudiar nuevos elementos a su disposición, aplazó su decisión de pedir o no prisión para los investigados por el asedio popular contra la Guardia Civil el 20 de septiembre último.
