Con huelgas y manifestaciones masivas en las calles, cientos de miles de franceses secundaron hoy la llamada a la movilización lanzada por los sindicatos contra la reforma del sistema de pensiones propuesta por el gobierno del presidente Emmanuel Macron, decidido a aprobarla a pesar del fuerte rechazo popular.
"La movilización es la imagen de lo que leemos en las encuestas, es decir, que una gran mayoría de los ciudadanos de este país están en contra de esta reforma", afirmó Philippe Martínez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) francesa, desde la cabecera de la multitudinaria manifestación organizada en París.
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De acuerdo con los sindicatos y a falta de cifras de asistencia oficiales, solo en la capital unas 400 mil personas marcharon contra los planes del gobierno, y formaron una marea humana que se expandió durante horas entre la Plaza de la República y la de la Nación.
Algunos de los manifestantes causaron incidentes y destrozos por los que fueron detenidas 38 personas.
La de París fue la demostración de músculo más importante de la jornada de protestas, que se extendieron también por toda Francia, desde Marsella a Nantes.
A nivel nacional, los sindicatos estiman que se logró sobrepasar el objetivo de dos millones de manifestantes, en tanto que el ministerio del Interior rebajó la cifra a 1.1 millones.
"El mensaje es claro: No al aumento del tiempo de cotización y no al retraso de la edad legal de comienzo de la jubilación. Es simple", recalcó a EFE Martínez.
Junto a las manifestaciones, además, hubo huelgas que se dejaron sentir de forma especial en sectores como el del transporte público, que funcionó con notable lentitud en los ferrocarriles y en las grandes ciudades, o la educación.
Las manifestaciones han sido "importantes", reconoció al final de la jornada el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, en declaraciones a la radio RTL, en las que indicó que se trata de una cuestión "sensible" para los franceses.
Sindicatos contra Macron
Los sindicatos buscaban hoy una demostración de fuerza para escenificar la impopularidad del proyecto de reforma del sistema de jubilaciones que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha ubicado entre las prioridades de su gobierno para este 2023.
Los dos principales ejes del proyecto, que el Ejecutivo defiende como imprescindible para el equilibrio financiero del sistema, son el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento del periodo de cotización de 42 a 43 años para 2027 (hasta ahora previsto para 2035) para disfrutar de la pensión completa.
"Aquí están todas las organizaciones. Es una gran señal de que la gente está furiosa", aseveró a EFE Gaelle Martínez, secretaria nacional del sindicato Solidaires desde la concentración en París.
"Queremos tener una buena jubilación, no queremos llegar a la jubilación estando quebrados, cansados, rotos (...) Si el Gobierno no recobra la razón habrá más" protestas, advirtió, por su parte, Laurent Escure, secretario general de la Unión Nacional de los Sindicatos Autónomos (UNSA), en declaraciones a EFE también desde la cabecera de la protesta parisina.
Tras los sindicatos desfilaron muchas organizaciones pequeñas y miles de personas anónimas, desde estudiantes a trabajadores cercanos a la jubilación.
"Estamos aquí para decir que no, porque es también una cuestión de visión de la sociedad. ¿Queremos ser una sociedad que utilice al ser humano o queremos una sociedad para el beneficio del ser humano?", cuestionaba junto a otros jóvenes estudiantes de secundaria Eliot Gafanesch, de 17 años, de la organización La Voix Lycéenne.
Macron no dará marcha atrás a la iniciativa
A pesar de las manifestaciones masivas, Macron, que se encontraba hoy en Barcelona para una cumbre hispano-francesa junto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que no va a dar marcha atrás a la reforma.
"Si queremos ser justos entre las generaciones y salvar nuestro sistema de reparto, debemos hacer esta reforma", afirmó.
No obstante, dado que el partido gubernamental perdió en 2022 la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el Ejecutivo necesitará el apoyo de al menos otro partido para sacar adelante el proyecto.
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Los conservadores de Los Republicanos (LR) son el único socio dispuesto a sostener la iniciativa, que tiene el rechazo frontal de la izquierda y la ultraderecha.
El Ejecutivo asegura que la reforma es necesaria porque el sistema va a generar un déficit que alcanzaría los 12 mil 500 millones de euros en 2030, mientras que sus detractores creen que se podría tasar a los ultrarricos y a los beneficios del capital para solventarlo.
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