Un presunto defraudador fue detenido tras una serie de robos con violencia que dejaron a varios ciudadanos sin sus ahorros. El arresto se logró gracias a la cooperación entre policías municipales, la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especializada de Robos.
El sospechoso, identificado como Ángel Eduardo T. C., de 30 años y originario de Saucillo operaba ofreciendo pantallas de video a precios atractivos a través de redes sociales. Una vez que los interesados lo contactaban, los citaba cerca de una farmacia homeopática, supuestamente para entregar el artículo.
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Sin embargo, al encontrarse con las víctimas, las amenazaba con un arma blanca y les quitaba el dinero, por lo que nunca hacía entrega de las pantallas y solo se quedaba con el dinero de las personas.
Ángel Eduardo T. C. cuenta con al menos nueve denuncias desde noviembre de 2023. Su modus operandi siempre seguía un patrón: anunciaba pantallas de video a precios bajos en redes sociales, contactaba a los interesados y los citaba en un punto previamente acordado.
Una vez allí, utilizando un cuchillo de cocina, los amenazaba y les quitaba el dinero sin entregarles el artículo prometido.
La captura de Ángel Eduardo T. C. fue posible gracias a un minucioso trabajo de investigación por parte de la Policía Cibernética y el Departamento de Análisis Táctico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). Tras seguir de cerca sus actividades, las autoridades lograron arrestarlo en las calles Pinabete y Paseos Vallarta, al norte de la ciudad.
La última denuncia que llevó a su captura ocurrió cuando despojó con violencia de 10 mil pesos a una persona en las calles Juan Escutia y Río Satevó. Durante su detención, se le encontró la cantidad robada, lo que permitió ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Las autoridades no descartan que existan más víctimas del presunto defraudador. Por ello, se hace un llamado a cualquier persona que haya sido afectada por el mismo modus operandi a que interponga su denuncia correspondiente.
El detenido será sometido a un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad en los delitos que se le imputan.