Albañiles, amas de casa, mecánicos, tianguistas, empleadas domésticas, vendedores de autopartes y de comida en la vía pública, son los oficios que manifestaron tener los 13 detenidos por el delito de despojo de las viviendas del fraccionamiento de Pensiones civiles, que esta mañana comparecen en audiencia judicial ante la juez Delia Valentina Meléndez Olivas.
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Las autoridades presentaron a los detenidos tras un operativo de detención en días pasados en el fraccionamiento en el cual los involucrados y sus familias ocuparon casas que permanecen sin habitar, debido a que no se vendieron desde su creación.
Los detenidos cuentan con un rango de los 40 a los 23 años de edad, y responden por el momento a preguntas directas de la juzgadora sobre su ocupación, ingresos y dirección.
Claudia Ivonne G. N., Pedro Luis C. S., Griselda Jaqueline T. H., Rogelio C., Adrián G. T., Juan Manuel B. Ch., Guadalupe P. B., Luis Ángel M. M., Sandra Abigail R. P., Johana Cristina I. P., Liliana Martínez I. P., Liliana M. B., Juan Manuel A. V. y Miguel Alberto M. M. son presentados por la causa penal 2509/2019.
Todos manifestaron vivir en la calle Derechos Humanos, del fraccionamiento Pensiones Civiles del Estado, los cuales dijeron tener un ingreso promedio de mil 500 a 3 mil pesos por semana, y sólo una manifestó consumir alguna droga.
Nueve quieren salida alterna para no quedar con antecedentes penales
Previo a la formulación de imputación de los presuntos “paracaidistas”, 9 de los 13 solicitaron su interés de una salida alterna, la cual consiste en desalojar las viviendas voluntariamente en un plazo de 15 días.
El Ministerio Público dio a conocer que ya había existido un acuerdo previo de abandonar las viviendas desde el pasado 5 de agosto, el cual fue incumplido, y lo anterior se discutirá en unos minutos.
Quienes acordaron entregar de manera pacífica son: Adrián G., Pedro Luis C., Manuel A. V., Liliana M., Cristina I. P. , Griselda Jaqueline T.H., Rogelio C., Sandra R., Luis A. M.
Se estima que la autoridad no ejerza acción penal en contra de los 9 detenidos.
Mientras que el Ministerio Público solicitó ejercer acción penal, debido a que existe un delito patrimonial que se persigue por querella y existe oportunidad procesal, el consejo jurídico de Pensiones Civiles estableció que no hay ningún impedimento para llegar a un acuerdo de entrega de las casas, por lo cual se fijó como fecha límite el 30 de septiembre a las 6 de la tardeen el cual participarán actuarios y abogados.
El representante legal de Pensiones dio su visto bueno al acuerdo, siempre y cuando no vuelvan a ocupar la vivienda reclamada u otra del mismo fraccionamiento.
La juez Delia Valentina Meléndez Olivas, agendó una audiencia para el próximo 1 de octubre a las 8:45, con el objeto de verificar el acuerdo reparatorio y fueron puestos en libertad inmediata.
Tras la lectura del fallo, la juzgadora explicó que la causa no ha culminado, sino hasta que se oficialice su salida de los domicilios, esto el 30 de septiembre.
Meléndez Olivas, aclaró que no se cobrará algún monto por concepto de la ocupación de las viviendas a pregunta expresa de uno de los detenidos si les cobrarán algún concepto.
Aclaró la juzgadora que lo único que se solicitará es sacar sus bienes sin que exista algún cobro de por medio.
Entre tanto se ha dictado un receso de 30 minutos para que el resto de los imputados, que no solicitaron llegar a un acuerdo se les formulen cargos.
A las 10:28 horas, los manifestantes entonaron el Himno Nacional Mexicano al salir los primeros imputados de la audiencia, quienes aceptaron desalojar la vivienda para el día 30 de septiembre.
Cuatro detenidos se negaron a abandonar la vivienda
Miguel Alberto M. M, Caludia Ivonne G. N, Guadalupe P. B, Juan Manuel A. V. se reservaron el derecho a declarar ante la juez en tanto que el Ministerio público intenta comprobar que los imputados llevaron una conducta dolosa, al apoderarse de las viviendas del fraccionamiento Pensiones Civiles del Estado.
Fue el pasado 23 de enero, que las dos parejas arribaron a los domicilios de la calle Derechos Humanos, con números 2233 y 2241, para ocuparlas indebidamente.
El agente del Ministerio Público narró que a la par de la comisión del delito en detrimento del Gobierno del Estado, los imputados han vulnerado a las personas que legalmente adquirieron vivienda. Cabe mencionar que ambas parejas se han negado a retirarse de las viviendas, como lo hicieron 9 de los imputados.
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