Luego de que la Fiscalía Especializada de la Mujer obtuviera la vinculación a proceso en contra del adolescente Marcos, presunto responsable de haber asesinado a su padrastro, madre y hermana, en próximos días se espera que dos víctimas colaterales de estos homicidios testifiquen en contra del joven, según explicó el fiscal general, Roberto Fierro Duarte.
Comentó que se trata de dos familiares de las víctimas, quienes participarán en el juicio, en próximas etapas del proceso, pero advirtió que el presunto responsable deberá continuar en prisión preventiva, y el tope máximo que podría alcanzar por estos lamentables hechos será de cinco años de prisión.
El fiscal general comentó que el hecho ocasionó consternación en todos los ámbitos, por la forma en que se dieron los hechos y sobre todo por el vínculo familiar de quien protagonizó estas privaciones de la vida, por lo que deberá recibir atención psicológica para que pueda ser reintegrado en la sociedad.
“La ley especializada no permite que la pena sea mayor a cinco años, entonces eso está en la ley, no es que podamos hacer mucho nosotros, ya se dio la vinculación a proceso y continuará el proceso penal, ya será decisión de los jueces el número de años que impongan entre 1 a 5 años de prisión”, explicó.
Desde el año 2016 que se realizó la publicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el estado de Chihuahua como en el resto del país, cualquier menor de 18 años de edad no podrá pasar más de cinco años privado de su libertad, sea cual sea el delito que haya cometido.
En el Capítulo II de las Prescripción, dentro del Artículo 109, la ley explica la forma y el límite de pena que los jueces pueden aplicar a nivel nacional, siendo de uno a cinco años, la pena más grave para los adolescentes que cuenten con 12 a 17 años de edad y priorizando siempre la menor cantidad de castigo para los presuntos responsables.
“Para adolescentes del Grupo etario III (dieciséis años cumplidos a menos de dieciocho años) la prescripción de la acción penal, en ningún caso, podrá exceder de cinco años. Lo previsto en las fracciones anteriores aplicará para las conductas cometidas por las personas adolescentes de conformidad con la presente Ley. En los demás casos, la prescripción será de un año”, refiere la ley nacional.
De acuerdo a la información que dio a conocer el fiscal general, el menor cuando está privado de la libertad debe recibir atención psicológica, tratamientos de diferentes tipos y la sanción debe ser lo menor posible para que vuelva a quedar en libertad y pueda reintegrarse de a la sociedad a pesar de los hechos que cometió.
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