/ viernes 2 de febrero de 2018

Denuncian a Corral ante la Fepade por apoyar a Anaya con caravana

El PRI pidió una investigación minuciosa y detener la utilización de recursos públicos e impedir se siga violando la ley

La dirigencia nacional del PRI presentó ayer ante la Fepade, en la Ciudad de México, una denuncia contra Javier Corral Jurado por el delito de desvío de recursos públicos para la llamada Caravana de la Dignidad.

De acuerdo a Héctor Gómez Barraza, secretario de Operación Política del CEN del PRI, “es evidente que la llamada caravana de Javier Corral favorece a Ricardo Anaya”, lo que constituye un delito y violación flagrante a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

El PRI pidió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, una investigación minuciosa para determinar cuáles son aquellos delitos en los que Javier Corral ha incurrido, para detener la utilización de recursos públicos del Estado de Chihuahua e impedir que se siga violando la ley.

Reveló que entregaron a la Fepade testimoniales por parte de los medios de comunicación, los discursos y las declaraciones de Javier Corral, así como evidencias de la participación de funcionarios del Gobierno del Estado en actos proselitistas a favor de Ricardo Anaya.

Al salir de las instalaciones de la dependencia federal dependiente de la Procuraduría General de la República, dijo además que pidieron a la Fepade indagar en el Congreso de Chihuahua “si Corral solicitó licencia para distraerse de su encargo y que nos precise la temporalidad, motivos y términos de la misma.”

 “La caravana es un acto proselitista a favor de Ricardo Anaya, quien es el jefe político y patrón de Javier Corral”, sentenció el secretario de Operación Política del CEN del PRI, al calificar como un carnaval las actividades realizadas durante la protesta. Héctor Gómez Barraza sostuvo que Corral se queja de no tener presupuesto, pero “con completa desfachatez y en absoluta ilegalidad financia marchas y caravanas de apoyo a su patrón Anaya por todo México.”

Por su parte, Claudia Pastor Badilla, representante del PRI ante el INE, recordó que dentro de los procesos electorales, los servidores públicos tienen un margen acotado de actuación. “Si se destinan los recursos, sean servicios de funcionarios, tiempos a favor o en contra de algún candidato, partido político o precandidato, comete la conducta típica prevista en el Artículo 11, Fracción tercera, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales” dijo.

“El hecho de que el gobernador Javier Corral esté en horas hábiles con sus funcionarios recorriendo el país, no corresponde a las actividades propias de un gobernador y actualiza este supuesto previsto en la Ley General” sostuvo Pastor y anunció que también presentarán una denuncia ante el Consejo General del INE.

“Ya se han presentado otras denuncias, porque los supuestos que tenemos en el Instituto son diferentes a las cuestiones penales que tenemos aquí”, puntualizó, recordando que será la Fepade la que determinará cuántos servidores públicos del estado de Chihuahua están violando la ley.

La representante del CEN del PRI ante el Instituto Nacional Electoral dijo a diversos medios de comunicación que la abordaron al salir de la Fepade, que desconoce el monto de los recursos públicos presuntamente desviados a la caravana, pero cuestionó: “¿Cuánto cuesta ir a Chihuahua, a Torreón, a Durango, a Zacatecas, a San Luis Potosí, a Cuernavaca, a Morelos, en menos de 10 días?”.

 

La dirigencia nacional del PRI presentó ayer ante la Fepade, en la Ciudad de México, una denuncia contra Javier Corral Jurado por el delito de desvío de recursos públicos para la llamada Caravana de la Dignidad.

De acuerdo a Héctor Gómez Barraza, secretario de Operación Política del CEN del PRI, “es evidente que la llamada caravana de Javier Corral favorece a Ricardo Anaya”, lo que constituye un delito y violación flagrante a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

El PRI pidió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, una investigación minuciosa para determinar cuáles son aquellos delitos en los que Javier Corral ha incurrido, para detener la utilización de recursos públicos del Estado de Chihuahua e impedir que se siga violando la ley.

Reveló que entregaron a la Fepade testimoniales por parte de los medios de comunicación, los discursos y las declaraciones de Javier Corral, así como evidencias de la participación de funcionarios del Gobierno del Estado en actos proselitistas a favor de Ricardo Anaya.

Al salir de las instalaciones de la dependencia federal dependiente de la Procuraduría General de la República, dijo además que pidieron a la Fepade indagar en el Congreso de Chihuahua “si Corral solicitó licencia para distraerse de su encargo y que nos precise la temporalidad, motivos y términos de la misma.”

 “La caravana es un acto proselitista a favor de Ricardo Anaya, quien es el jefe político y patrón de Javier Corral”, sentenció el secretario de Operación Política del CEN del PRI, al calificar como un carnaval las actividades realizadas durante la protesta. Héctor Gómez Barraza sostuvo que Corral se queja de no tener presupuesto, pero “con completa desfachatez y en absoluta ilegalidad financia marchas y caravanas de apoyo a su patrón Anaya por todo México.”

Por su parte, Claudia Pastor Badilla, representante del PRI ante el INE, recordó que dentro de los procesos electorales, los servidores públicos tienen un margen acotado de actuación. “Si se destinan los recursos, sean servicios de funcionarios, tiempos a favor o en contra de algún candidato, partido político o precandidato, comete la conducta típica prevista en el Artículo 11, Fracción tercera, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales” dijo.

“El hecho de que el gobernador Javier Corral esté en horas hábiles con sus funcionarios recorriendo el país, no corresponde a las actividades propias de un gobernador y actualiza este supuesto previsto en la Ley General” sostuvo Pastor y anunció que también presentarán una denuncia ante el Consejo General del INE.

“Ya se han presentado otras denuncias, porque los supuestos que tenemos en el Instituto son diferentes a las cuestiones penales que tenemos aquí”, puntualizó, recordando que será la Fepade la que determinará cuántos servidores públicos del estado de Chihuahua están violando la ley.

La representante del CEN del PRI ante el Instituto Nacional Electoral dijo a diversos medios de comunicación que la abordaron al salir de la Fepade, que desconoce el monto de los recursos públicos presuntamente desviados a la caravana, pero cuestionó: “¿Cuánto cuesta ir a Chihuahua, a Torreón, a Durango, a Zacatecas, a San Luis Potosí, a Cuernavaca, a Morelos, en menos de 10 días?”.

 

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