En estos tiempos de sequía y falta de recursos, una de las grandes problemáticas que se enfrentan en el país es el desabasto del agua potable, situación que se agrava aún más con el llamado huachicoleo; es decir, las tomas de agua clandestinas que permiten a unos cuántos usuarios, acaparar todo el vital líquido para sí mismos.
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Por este motivo, se busca sancionar con penas severas, a todo aquel que incurra en actos como robo, venta y extracción ilegal de agua potable, llevada a cabo en redes de distribución, pozos, lagos, ríos y lagunas, sin tener un permiso de concesión autorizado.
Actualmente, la Ley de Aguas Nacionales establece que dicha conducta es una falta administrativa que amerita ser sancionada; sin embargo, ante el aumento de esta acción, en medio de una temporada de sequía sin precedentes en México, hace falta un castigo ejemplar para evitarlo.
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Penas propuestas para el huachicoleo de agua
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó recientemente una iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados, que busca sancionar hasta con ocho años de prisión el robo y la extracción ilegal de agua.
No obstante, si en la comisión de dicho acto, se daña la infraestructura hidráulica federal, se propone un castigo de hasta 12 años de cárcel. Eso sí, siempre y cuando, exceptuando a quien incurre en esta conducta exclusivamente por razones de supervivencia.
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La iniciativa fue presentada por el diputado panista José Antonio García García, exregidor en el Estado de México y de ser aprobada, se crearía el tipo penal de robo de agua, mismo que no está contemplado en la legislación vigente.
Tampoco está previsto que una autoridad judicial pueda conocer de este tipo de casos. Por tal motivo, el documento busca reformar el artículo 368 Sextus del Código Penal Federal, así como el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su fracción 1 inciso ñ).
Con esos cambios, los jueces y magistrados federales tendrán la atribución para conocer ese tipo de ilícitos, aunque el régimen de gestión del agua es una función concurrente entre los distintos niveles de gobierno.
El cambio propone "Sancionar con pena de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, a quien con fines de lucro, sustraiga, explote, transporte o comercialice agua potable de la infraestructura hidráulica federal, sin contar con título de concesión o autorización de las autoridades y leyes correspondientes”.
Pero si el delito es cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, o si en ese robo de agua se daña la infraestructura hidráulica de una red que abastezca, en todo o en parte, a un centro de población, la pena aumentará hasta una mitad, es decir, año y medio o hasta cuatro años adicionales, con lo que la pena más grave sería de 12 años en total.
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