Alejandro Domínguez Domínguez, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), adelantó que esta semana presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) denuncias en contra de diferentes actores políticos de Morena por haber violentado la Ley Electoral y participar en actos proselitistas.
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Particularmente en contra de los alcaldes de Ciudad Juárez y Aldama, Cruz Pérez Cuéllar y Miguel Rubio, respectivamente, toda vez que estuvieron presentes en horario laboral en actos plenamente proselitistas, esto, durante la última visita que efectuó Claudia Sheinbaum a la entidad.
Armando Cabada, es otro de los morenistas a los cuales denunciarán; en su caso, por actos anticipados de campaña, toda vez que desde hace unos días se han observado pendones colgados en las principales calles de la ciudad haciendo total promoción a su imagen cuando aún ni siquiera inician las precampañas.
Y es que cabe recordar que Cabada es otro de los integrantes de la Cuarta Transformación que aspiran a la Senaduría de la República, por lo que tendrá que ganar las encuestas internas en su partido para ser el candidato oficial en las próximas elecciones.
Respecto a las faltas cometidas por los ediles juarense y aldamense, es preciso comentar que en el Artículo 37 de la ley en mención, se especifica la prohibición que tienen los servidores públicos, personas operadoras de programas sociales y de actividades institucionales, así como a los servidores de la nación asistir a eventos proselitistas en días y horarios hábiles, con independencia de que obtengan licencia para no acudir a laborar.
Empero, se establece que, aun teniendo licencia para poder acudir a esos actos, la participación que tengan en dichos eventos no podrá ser activa o preponderante y tampoco podrán hacer uso de los medios de comunicación para promover o influir de cualquier forma en el voto de algún aspirante.
En ese sentido, el dirigente priista subrayó que no se pueden quedar callados, dado que eso los convertiría en cómplices, “a todos nos toca cuidar la legalidad del proceso”, por tal motivo, insistió en que no se puede permitir que se violente el proceso desde el inicio, ya que eso les daría apertura a cometer otras faltas.
Concluyó precisando que el hecho de denunciar no significa que tienen la verdad absoluta, sino que ellos observan algo que a su parecer está mal, motivo por el cual será el órgano competente, en este cao el INE, quien resuelva y dé a conocer si efectivamente se violentó o no la ley y, en su caso, aplique las sanciones que crea convenientes.
