Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá este miércoles invalidar el proceso, en el Congreso de Nuevo León, mediante el cual se busca sancionar y destituir al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco" por anomalías detectadas en la recolección de firmas para su campaña presidencial.
Será la Primera Sala del máximo tribunal del país la que analice un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y resuelva en definitiva sobre la aprobación de las reglas para sancionar a Rodríguez Calderón ante el supuesto desvío de recursos públicos para la obtención de firmas.
"En opinión de esta Primera Sala, las Reglas Procesales que el Congreso local expidió a través del Acuerdo impugnado para sancionar al titular del Poder Ejecutivo local son inconstitucionales porque no se ajustan al sistema de responsabilidad previsto en el Título Cuarto de la Constitución Federal”, señala el proyecto.
El gobernador de Nuevo León requiere de al menos tres votos de los cinco integrantes de la Sala para echar abajo el procedimiento de los legisladores estatales en el que se definieron las reglas procesales para sancionarlo.
En caso de que el proyecto de González Alcántara Carrancá prospere, el Congreso de Nuevo León tendría que empezar un nuevo procedimiento siguiendo los parámetros marcados por la Constitución.
En un inicio la controversia promovida por “El Bronco” estuvo en manos de Eduardo Medina Mora quien, horas antes de presentar su renuncia como ministro de la Suprema Corte, suspendió los intentos del Congreso local para ejecutar cualquier medida provisional o sanción derivada de dicho procedimiento.
Tras la salida de Medina Mora del máximo tribunal el 3 de octubre pasado, en medio de supuestas investigaciones por lavado de dinero que nunca prosperaron, la controversia constitucional fue turnada a González Alcántara Carranca y enviada a la Primera Sala.
El procedimiento impugnado por el mandatario estatal determinó la sanción directa y descartó el juicio político para sancionar a Rodríguez Calderón y González Flores, bajo el argumento de que se trata de un caso ya juzgado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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