CANCÚN.- A unos días de que el Malecón Tajamar sea reabierto sólo para la recreación de los cancunenses y sus visitantes, empresarios insisten en la devolución de inversión y reembolse el pago de años de predial.
La semana pasada el Tercer Tribunal del Poder Judicial en Quintana Roo anuló los permisos sobre Tajamar de manera irrevocable, por lo que el proyecto inmobiliario no tiene posibilidad de ser reactivado y para los ambientalistas ya sólo está pendiente el plan de reforestación, cuyo resolutivo aún está pendiente por parte de un tribunal colegiado.
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Y ahora, días después de la cancelación definitiva a cualquier tipo de obra, la presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, confirmó que el 23 de este mes será reabierto Tajamar a la circulación vehicular.
“El tema va muy bien. La apertura será este mes; es lo que todo mundo quiere: el derecho al tránsito vehicular, que puedan caminar, siempre con respeto y con cuidado para que la gente disfrute del malecón como tal”.
Señaló que la apertura se ha buscado principalmente porque muchas familias han manifestado lo difícil que es caminar todo el tramo de la avenida Bonampak hasta el malecón; “el sentir de los ciudadanos es que no podían acceder porque sentían que caminaban un largo trecho, aquellos que venían con alguien en silla de ruedas o la bicicleta; es un tema de sumar voluntades”.
Ante la imposibilidad de desarrollar el Malecón Tajamar derivado de la sentencia definitiva del Tercer Tribunal del Poder Judicial del Estado que lo que impide, propietarios de terrenos adquiridos ahí exigen a Fonatur poner fecha para la devolución de su inversión, lo que incluye el reintegro del dinero pagado por concepto de predial al gobierno municipal.
La madrugada del 16 de enero de 2016, al lugar ubicado en el centro de Cancún llegaron más de 50 camiones y máquinas excavadoras que, con el apoyo de elementos de la policía municipal, iniciaron la labor de desmonte mientras cientos de ciudadanos denunciaban la devastación y replicaban el clamor de la fauna que había sido mutilada o apenas había logrado escapar de las máquinas que destruían su hábitat.
A partir de ahí inició una la oleada de quejas y manifestaciones, hasta llegar a una carta firmada por 113 niños para solicitar fin a la devastación y respetar su derecho a una vida en paz con el medio ambiente, lo cual fue tomado en cuenta por el Poder Judicial y ordenó la detención de toda obra.
En ese 2016, el entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, declaró que los trabajos se realizaban con apego a la ley, ya que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), desarrollador del Malecón Tajamar, obtuvo en 2005 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que le permitía realizar trabajos en el área del Malecón Tajamar.
Además, Borge argumentó que sin obras como esas Cancún y la Riviera Maya no habrían sido posibles y Quintana Roo no habría logrado el liderazgo turístico que se le reconoce en México y Latinoamérica.
El Malecón Tajamar consta de una superficie de 74.8 hectáreas y su proyecto fue hecho para un gran porcentaje de áreas verdes y el carácter mixto para oficinas, vivienda y comercio. Además, cuenta con una rambla de 617 metros de longitud y un camellón de 40 metros de ancho para espacios recreativos y culturales.
En esta zona se invirtieron 518.6 millones de pesos para crear un lugar atractivo para la iniciativa privada nacional y extranjera, y para el arribo de turistas, al contar con un malecón que da a la Laguna Nicupté. Decenas o cientos de empresarios colocaron ahí sus capitales y hoy exigen que estos sean devueltos, luego de la resolución de un tribunal.
Incluso aseguran que el ayuntamiento de Benito Juárez debe reintegrar a los propietarios los 35.5 millones de pesos que pagaron por concepto de predial de 2012 a 2018 ante la imposibilidad de desarrollar el Malecón Tajamar.
Primero exigen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la devolución de su inversión, lo que incluye el reintegro del dinero pagado por concepto de predial al gobierno municipal, además de los intereses.
Se estima que la suma va de los tres mil a los cuatro mil millones de pesos, contabilizando el costo de 32 de los 42 lotes vendidos a particulares por el Fonatur en las 74.8 hectáreas, venta que le representó ganancias por casi dos mil millones de pesos.
Ahí mismo fue cancelado el proyecto de desarrollo Ynfinity, consistente en una torre de 20 pisos, con 81 departamentos de lujo, una plaza comercial con 23 lotes y un hotel de 228 cuartos. La clausura que hecha en meses pasados por órdenes de Profepa, quedando un enorme edificio en obra negra.
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Los empresarios aseguran que son víctimas de un fraude, pues Fonatur vendió terrenos con la promesa de obtener las autorizaciones para que los inversionistas pudiesen construir sus proyectos, lo cual ya les fue denegado.
Una vez que el Poder Judicial otorgó la razón a los 113 menos de edad, organizaciones ambientalistas cerraron el paso a todo vehículo a la zona de Tajamar, a fin de reestablecer la flora y la fauna devastadas.
